La Diputación Foral de Álava, en coordinación con el Gobierno Vasco y las autoridades judiciales, ha tomado medidas contundentes frente a las actividades desarrolladas en los campamentos de verano de Bernedo. La institución foral ha impuesto sanciones a los organizadores y ha decretado la prohibición de realizar actividades lúdicas o de convivencia con menores durante tres años, tras una sucesión de denuncias por conductas inapropiadas que afectaron a adolescentes de entre 13 y 15 años.
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| Imagen representativa de un campamento de verano, en el centro de una investigación por presuntas conductas inapropiadas denunciadas por varias familias |
El origen de la polémica: testimonios de los menores
El caso salió a la luz pública a finales de septiembre de 2025, cuando varias familias denunciaron de manera formal el estado psicológico y los relatos de "experiencias traumáticas" con los que regresaron sus hijos tras una estancia de 15 días en el udaleku gestionado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.
Entre los hechos denunciados ante la Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria-Gasteiz se recogen las siguientes dinámicas impuestas por los monitores:
- Duchas mixtas obligatorias: los menores testificaron que se les forzaba a ducharse desnudos en grupos mixtos junto a los propios monitores. En caso de negarse, las familias alegaron que eran sancionados con "manguerazos de agua fría".
- Desnudez de los adultos: se denunció de forma reiterada que los coordinadores y monitores transitaban o realizaban tareas cotidianas, como cocinar, semidesnudos o completamente desnudos frente a los adolescentes.
- Humillaciones y dinámicas vejatorias: los testimonios recopilados por medios de comunicación explicaron la existencia de "juegos" obligatorios para acceder a la comida, como chupar el dedo del pie de un monitor para obtener la merienda o sufrir presiones para exhibirse ante el resto de compañeros.
Investigación judicial y administrativa
La gravedad de las acusaciones, que llegaron a sumar más de una veintena de denuncias relacionadas con presuntos delitos contra la libertad sexual y maltrato psicológico infantil, activó una mesa de seguimiento conjunta entre el Gobierno Vasco y las diputaciones de los territorios históricos. Las familias denunciaron además el aislamiento al que fueron sometidos los menores, a quienes presuntamente se les restringió el contacto telefónico con el exterior y el acceso a atención médica básica ante lesiones físicas comunes.
Respuestas y posturas encontradas
Por su parte, la asociación organizadora del campamento emitió un comunicado defendiendo su enfoque basado en el transfeminismo. La entidad argumentó en sus redes sociales que los señalamientos mediáticos formaban parte de una "narrativa tránsfoba" y justificó las duchas mixtas como un método pedagógico para "normalizar la desnudez y romper estigmas de género".
Sin embargo, organismos de defensa social y colectivos de observatorios LGTBI+ alertaron de que, aunque la situación derivó en campañas de discursos de odio ideológico en entornos digitales, los hechos denunciados directamente por las víctimas vulneraban las normativas básicas de protección del menor y el deber de cuidado de los adultos responsables.
La resolución administrativa y las medidas cautelares aplicadas por la Diputación buscan garantizar la seguridad de los menores, mientras los tribunales continúan el proceso legal para esclarecer la posible responsabilidad penal de los monitores implicados.
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